En México, las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia, reclama la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Ante la muerte de la niña de 11 años Valeria, “víctima de desaparición, violencia sexual y asesinato” en el transporte público de Nezahualcóyotl, Estado de México; y el caso de la señora Mireya Agraz quien privó de la vida a su hijo de 10 años, a sus hijas gemelas de 6 años de edad y después cometió suicidio junto con el abuelo materno de los niños tras quitarle la custodia de los menores en favor del padre biológico, “son clara evidencia de las consecuencias de la institucionalización de la violencia machista y la incapacidad de las autoridades para dar la atención necesaria y urgente”, expresa REDIM.
“La violencia machista que se ejerce desde las instituciones y por parte de servidores públicos afecta directamente la dignidad y la integridad e incluso revictimiza a niñas, niños, adolescentes y mujeres que buscan ejercer su derecho de acceso a la justicia en todo el país”, resalta Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la REDIM.
Asimismo, “la actuación de los funcionarios públicos responsables de brindar acceso a la justicia demuestra la mirada adultocéntrica y su incapacidad para reconocer su obligación de garantizar el Interés Superior de la Niñez”, apunta el defensor de infancia y adolescencia.
En ambos casos, la discriminación institucionalizada hacia la infancia y adolescencia, se entrelaza con la visión machista que niega valor a las mujeres víctimas de violencia psicológica, económica y física argumentando que sus reclamos derivan de su “inestabilidad emocional y hormonal” o por su condición de ser mujer, cuestiona Pérez García.
La REDIM reclama que la implementación de la Alerta Amber y los mecanismos de prevención en el caso de niñas o adolescentes desaparecidas son retrasados bajo argumentos machistas como “se fue con el novio”.
Por si no fuera suficiente, el presunto responsable del ataque sexual y muerte de Valeria, bajo la custodia de las autoridades penitenciarias fue encontrado muerto en circunstancias que no han sido ni aclaradas ni asumidas por las autoridades responsables de cuidar su integridad, negando la garantía de justicia y verdad a la familia de la víctima.
La REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, demanda a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), responsable frente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) de la Comisión sobre violencia contra la infancia a “crear un grupo de trabajo sobre violencia machista y feminicidios que oriente la política pública de prevención y el acceso a la justicia”.
Asimismo, exige la eliminación en todo el país “del absurdo administrativo de esperar 48 o 72 horas para iniciar la búsqueda y averiguación previa, por contravenir claramente el derecho a la protección e integridad de niñas, niños y adolescentes”.