El colectivo de activistas y académicos #SeguridadSinGuerra señala que los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, obligan a abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.
Los hechos del 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos, alertan en un comunicado.
“Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo”.
En video se ha documentado el “alevoso homicidio” de un elemento del Ejército y a “un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido”, señalan.
Indican que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías.
Los hechos de Palmarito confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas, resalta el colectivo.
Además el colectivo recuerda que el Ombudsman nacional ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017.
El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos, considera el colectivo integrado por grupos como Fundación para la Justicia.
“Hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria.
También instaron a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia”,
Finalmente, insisten a los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década, concluye el colectivo #SeguridadSinGuerra, “es posible”.