La Cámara de Diputados aprobó con una votación de 321 a favor, 18 en contra y 37 abstenciones, reformas para combatir de manera más decidida el robo de hidrocarburos.
Las modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, incrementan a 30 años de cárcel y multas de 25 mil Unidades de Medida y Actualización, a quien sustraiga, aproveche sin autorización hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, instalaciones equipos o activos de Pemex.
La normatividad que será enviada al Senado de la República, también prevé sanciones de 4 a 6 años de prisión y multas de cuatro mil a seis mil “UMA’S” a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie combustibles sin autorización en cantidades menores o hasta por 300 litros.
Cuando el aprovechamiento ilegal de esos combustibles sea superior a 300 litros y menor a mil litros, se aplicarán 10 años de prisión.
Cuando se trate de más de mil litros, se aplicarán 12 años de prisión; y hasta 17 años de cárcel, cuando se trate de dos mil litros o más.
Si las cantidades de hidrocarburos son superiores a dos mil litros y resultan incuantificables, se aplicarán hasta 17 años de cárcel y multas de 17 mil veces el valor estimado de la UMA.
Prevé sanciones de hasta ocho años de cárcel y multas de ocho mil veces la UMA, a los arrendatarios, propietarios o poseedores o bien, que se ostenten como tales, de predios donde se ubiquen tomas clandestinas de hidrocarburos, estén al tanto de esos hechos y no lo denuncien.
Incluso, se sancionará con nueve y hasta 16 años de prisión y multas de nueve mil y hasta 16 mil UMA’S, a quien tenga conocimiento de que se está llevando a cabo el robo de hidrocarburos, o facilite, colabore en ello o admita que esto ocurra en predios de su propiedad y no lo denuncie.
También se recluirá hasta por 14 años y se aplicarán multas de hasta 14 mil UMA’S a quien obligue, amenace o utilice cualquier tipo de violencia a quien trabaje para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores y órganos reguladores, a fin de que incurran en ese delito o sean partícipes en alguna de las modalidades señaladas.
Sanciona con 12 y hasta 20 años de cárcel y multas de entre 12 y 20 mil UMA’S a aquel que altere los sistemas de medición al servicio de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a sabiendas de que afectará la operación de esos instrumentos. Esto significa, que los despachadores de gasolineras que incurran en esas conductas irregulares serán penalizados en tales términos.
De igual modo, se impondrán de cinco a ocho años de cárcel y multas de cinco mil y hasta ocho mil veces equivalentes al valor de la UMA, a los que suministren o despachen gasolinas y diesel con conocimiento de que la cantidad es menor al 1.5 por ciento que marquen las bombas de despacho; y en el caso del gas licuado de petróleo, gas LP, si la cantidad despachada es menor en tres por ciento a lo que marquen los insrumentos de medición.
Prevé penas de 25 años de cárcel y multas de 27 mil UMA’S a todo aquel que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte dinero o recursos de “cualquier naturaleza”, conociendo que serán utilizados para cometer alguno de los ilícitos señalados.
Establece que se citarán hasta 15 años de cárcel y multas de siete mil a 12 mil UMA’S a quien invada áreas de exclusión a bordo de embarcaciones, y a quienes utilicen banderas o matrículas falsas simulando ser los propietarios y representar a asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o navieros.
De igual modo, se aplicarán hasta siete años de cárcel y multas que van de seis mil a nueve mil UMA’S, a todo servidor público que en ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de que se está cometiendo el robo de hidrocarburos y no lo sancione.
Al presentar el dictamen, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Alejandro Domínguez, planteó que el robo de combustibles es “devastador” para la industria energética, y refirió que ese crimen va a la alza, por lo que es preciso ponerle un freno a través de penas más severas.
Legisladores de todas las bancadas coincidieron en señalar que el robo de combustibles implica pérdidas de 46 mil millones de pesos para Pemex.
Refirieron que en el 2013, en el país se tenían identificadas dos mil 613 tomas clandestinas de combustibles, las cuales se multiplicaron hasta llegar a cuatro mil 219 en el 2014. Esto implica, dijeron, la pérdida de 7.5 millones de barriles de hidrocarburos.