El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, indicó que ha iniciado la investigación “de oficio” en torno al caso de la presunta entrega de 500 mil pesos a una la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Las Choapas, en Veracruz, Eva Cadena.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde participó en un foro sobre el uso de recursos públicos en elecciones, el funcionario dejó en claro que la investigación se realizará en torno a las personas involucradas, no hacia el partido político, como lo exigieron las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“La FEPADE investiga personas físicas que cometen conductas delictivas, no se investiga a los partidos políticos, en virtud de que solamente las personas físicas son las que pueden vulnerar la normatividad penal electoral. Nuestro objetivo es integrar la carpeta de investigación insisto, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias y determinar conforme a derecho, para efectos de que en su caso se ejerza la acción penal en contra de quien resulte responsable”, indicó.
Indicó que el video difundido en medios de comunicación, podría ser tomado como un elemento probatorio del delito; sin embargo, es preciso que las personas que participaron en el acto proporcionen ese material, tal y como ocurrió en investigaciones relativas a delitos electorales en Veracruz, ligadas al ex gobernador Javier Duarte.
De igual modo, será necesario acompañarlo con otras pruebas periciales y con testimonios, a fin de darle validez, apuntó.
Asimismo, confirmó que la FEPADE tiene abiertas carpetas de investigación respecto a las constantes visitas de funcionarios federales, en especial al Estado de México, donde presentan programas y entregan apoyos sociales.
“Se tienen iniciadas investigaciones en el Estado de México por la posible participación de servidores públicos federales y locales que vulneren el principio de equidad en la contienda electoral. Presentaré un informe sobre los datos que tenemos, respecto a las denuncias que han sido presentadas por distintos institutos políticos en contra de distintos servidores públicos tanto a nivel local como federal, relacionados con el posible condicionamiento de programas sociales y compra del voto”, refrendó.
Nieto Castillo dijo que en el caso de delitos electorales, todos se siguen de oficio, a partir del conocimiento de los hechos en cuestión, por cualquier medio.
En el caso particular de Veracruz, apuntó, se está verificando la presunta violación al artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, que prevé sanciones a quien entrega y a quien recibe recursos de manera indebida o de procedencia ilícita o bien, cuando se rebasen los topes de aportaciones a las campañas.
Recalcó que las sanciones por ese tipo de delitos prevén aplicar de cinco a 15 años de cárcel; aunque, puntualizó, los delitos electorales no son graves y el señalado puede enfrentar en libertad dichas acusaciones, por lo que sería adecuado que el Legislativo revisara la norma vigente y catalogara como graves faltas como el financiamiento ilícito a las campañas electorales.
Reiteró que la FEPADE tiene abiertas más carpetas de investigación por ilícitos cometidos en los estados de Coahuila y el Estado de México.
Señaló que los delitos electorales más comunes son el “turismo electoral” y la alteración del Registro Federal de Electores, respecto a los cuales, ya se han abierto 266 denuncias en Veracruz y 131 en el Estado de México.
En temporada de campañas, las anomalías más comunes son la compra del voto y el condicionamiento de programa sociales.
Puntualizó que la entrega de programas sociales por sí misma, no es un delito electoral, pero sí es ilícito hacerlo para comprar el voto y coaccionar a los beneficiarios de programa sociales para que participen en actos proselitistas en días y horas hábiles, o bien, que se condicione su voto a favor de partidos o candidatos.