En la Cámara de Diputados, la Sección Instructora que lleva el caso del desafuero del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Tarek Abdalá, acusado por el desvío de 23 mil millones de pesos asignados a Veracruz, anunció que la siguiente semana, probablemente el día jueves 27 o el viernes 28 de abril, sin falta se aprobará el dictamen correspondiente.
El presidente de esa instancia jurisdiccional e integrante de la fracción priísta, Ricardo Ramírez Nieto, modificó su postura respecto a que el fallo sobre el desafuero de su compañero de bancada, se demoraría hasta el mes de mayo e incluso después.
Ante la presión de legisladores de la oposición, que acusaron al PRI de procurar impunidad para el ex tesorero del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, Ramírez Nieto señaló que para no dar paso a ninguna sospecha ni acusación por encubrimiento a los miembros del tricolor, antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones se habrá de tomar una decisión.
El congresista puntualizó que si en la Instructora, que se conforma por cuatro miembros, dos del PRI, uno del Partido Acción Nacional (PAN) y uno más del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se registra un empate en las dos rondas de votación que prevé la ley, el tema podría quedar “muerto”.
Por su parte, los diputados del Sol Azteca, Omar Ortega y del albiazul, Juan Pablo Piña emplazaron al presidente de la Sección Instructora a que convoque de inmediato a sesión, para emitir a la brevedad un resolutivo sobre si procede o no, el desafuero del diputado Abdala Saad.
Ortega Álvarez y Piña Kurczyn acusaron que el intento del PRI, de postergar el desafuero del diputado Abdala hasta el mes de mayo e incluso hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre, tiene como fin proteger al ex tesorero del ex gobernador Duarte de Ochoa.
También denunciaron que por dolo, omisión o descuido, el presidente de la Comisión Instructora intentó manipular las fechas para emitir un dictamen sobre el desafuero en cuestión.
Ello, pese a que legalmente, el proceso inició el 30 de enero, cuando la Instructora recibió formalmente de manos de la Secretaría General de San Lázaro, la solicitud de declaración de procedencia promovida por la Fiscalía General de Veracruz. Los plazos legales comenzaron a correr, apuntaron los legisladores, ese día y no el 2 de febrero, como pretendían los congresistas del tricolor.