Ley de Seguridad Interior no avanzara por imposición de la mayoría: PRD

Jesús Zambrano, vicecoordinador  del PRD agregó que esa decisión debe tomarse por consenso y de ello dependerá si se aprueba antes de que finalice el mes de abril o bien, en un periodo extraordinario de sesiones.

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La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados advirtió que la Ley de Seguridad Interior a discusión no saldrá adelante bajo presiones ni por imposición de la mayoría.

El vicecoordinador Jesús Zambrano, agregó que esa decisión debe tomarse por consenso y de ello dependerá si se aprueba antes de que finalice el mes de abril o bien, en un periodo extraordinario de sesiones.

Zambrano Grijava acusó al tricolor de bloquear el acuerdo para que organismos internacionales, organizaciones sociales y expertos en temas de seguridad participen en el análisis y discusión de las normas que reglamentarán la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.

Al aseverar que el tema debe avanzar por el mayor consenso posible, el congresista dijo que su partido tiene voluntad de analizar las propuestas priístas, las cuales deben ser afinadas.

“El PRI advirtió la posibilidad de que hubiera un acuerdo en el sentido de incorporar preceptos que pudieran no estar contemplados en su propia iniciativa y sumarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un tema que reclama la mayor unidad y consenso posibles, aquí no se vale la imposición de la mayoría sobre la minoría y estamos ciertos de que, en el momento en que haya acuerdos construidos, lo podemos lograr en abril si los priistas están dispuestos”, refrendó.

El ex presidente de la Cámara señaló que la reglamentación de las Fuerzas Armadas debe tener como premisa el regreso de los elementos militares a sus cuarteles y la conformación de cuerpos policíacos municipales y estatales profesionales, preparados y equipados debidamente.

Insistió en que para el PRD, la vía adecuada para reglamentar la participación del Ejército y la Marina, es a través de las leyes asociadas al artículo 29 constitucional, en materia de suspensión de garantías; y eventualmente, a través de cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no por medio de la Ley de Seguridad Interior que el PRI insiste en “meter”.
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