El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, con una votación general de 248 a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.
Los legisladores rechazaron al hilo un total de 101 reservas presentadas por 64 oradores.
Esto, con una votación particular de 214 votos a favor, 101 en contra y cuatro abstenciones, de 320 legisladores presentes.
El ordenamiento será enviado al Senado de la República para continuar con los trámites parlamentarios, anunció el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez.
En el debate, legisladores de oposición reiteraron que la normatividad es inconstitucional y será impugnada, adelantó el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.
“Está cantada la acción de inconstitucionalidad por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos por adelantado. Está cantada también las acciones de inconvencionalidad que se declararán por organismos internacionales. Está iniciándose, aquí se está gestando la génesis, válgase la expresión, de un golpe de Estado silencioso”, advirtió Zambrano Grijalva.
Aunque en los discursos las bancadas del Frente Ciudadano por México se pronunciaron en contra, con algunas excepciones, como la de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Sánchez Juárez, que en la Comisión de Gobernación claramente se posicionó a favor, en el conteo final de votos salió a la luz la división, principalmente en el albiazul.
En números, 183 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor; llamó la atención que 14 integrantes de Acción Nacional también se pronunciaron a favor, solo 17 en contra y 48 se abstuvieron, incluyendo al coordinador Marko Cortés.
Del PRD dos diputados estuvieron a favor y 39 en contra; los 35 miembros presentes del Partido Verde Ecologista (PVEM) se manifestaron a favor.
Los 17 diputados presentes de Movimiento Ciudadano (MC) estuvieron en contra; los nueve miembros presentes de Nueva Alianza (PANAL) votaron a favor; y en la bancada de Encuentro Social (PES) también hubo división, pues cuatro integrantes estuvieron a favor y dos en contra.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la instancia dictaminadora y legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mercedes Guillén, fue enfática al señalar que las disposiciones no militarizan al país.
“Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías”, recalcó.
Subrayó que la intervención de las Fuerzas Armadas y Federales estará sujeta a controles, como la duración de no más de un año, y con la opción de prórroga si el Ejecutivo Federal lo ordena.
Señaló que la aplicación de la norma compete a las fuerzas estatales y federales, y solo cuando la gravedad de la situación lo amerite, el Estado recurrirá a las Fuerzas Armadas.
Establece las obligaciones específicas para cumplir a la brevedad con la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, misma que se aplicará solo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener las amenazas a la seguridad interior; aunado a que garantiza el equilibrio de poderes, apuntó.
Las Fuerzas Federales y las Armadas implementarán “sin necesidad de Declaratoria”, acciones, políticas y programas para identificar, prevenir y atender las amenazas que prevé la Agenda Nacional de Riesgos, que representen amenazas a la seguridad interior, añadió.
Lo harán con respeto a los derechos humanos, cumpliendo los protocolos que emitan las “autoridades correspondientes”.
Indicó que el Presidente podrá ordenar por decisión propia o a petición de las legislaturas locales, de los gobiernos estatales la intervención Federal para realizar acciones se seguridad interior en una zona determinada, para lo que se tendrá que emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las autoridades locales queden rebasadas.
Si hay amenazas que representen grave peligro para las personas o el funcionamiento de las instituciones, el Presidente podrá ordenar por sí mismo, acciones inmediatas a ejecutar por las Fuerzas Federales y Armadas, refirió.
Establece que las movilizaciones de protesta social o con fines político-electorales “que se realicen pacíficamente”, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, dijo.
En contraparte, los diputados del Movimiento Ciudadano y del PRD presentaron tres mociones suspensivas y una solicitud de “moratoria legislativa” que fueron desechadas.
El debate se desarrolló en medio de mantas presentadas por diputados perredistas y morenistas, que llevaban las frases: “Ley de Seguridad Interior atenta contra Derechos Humanos. ¡No a la militarización del país! #SeguridadSinGuerra”; y “La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, no del uso de la fuerza”.
Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) prefirieron ponerse unas playeras blancas con la leyenda: “La guerra no hace la paz”.
La diputada perredista Cristina Gaytán afirmó que la norma es violatoria y representa la autorización a los elementos militares, para que desaparezcan personas y realicen ejecuciones extrajudiciales.
“Es decir, le van a dar herramientas a los militares para las tareas de seguridad pública e investigación. Incluso en la propia iniciativa se señala para obtener información bajo cualquier medio. Pero ahora quieren aprobar una ley que les de autorización para desaparecer, violar los derechos humanos y torturar como ha sido su práctica”, advirtió Gaytán Hernández.
A nombre del MC, el diputado Jorge Álvarez advirtió que la Legislatura cometería el error más “bochornoso” de la historia del país, pues se legisló “sobre las rodillas”.
Es un acto de cobardía, sentenció, cada vez que un munícipe o un gobernador pide la intervención del Ejército; y es un acto de cobardía cada vez que un diputado diga que no se puede hacer más que mantener al Ejército en las calles, agregó, y en seguida pidió perdón a los elementos del Ejército y la Marina.
“Yo tengo un mensaje para las Fuerzas Armadas, y lo tenemos en el Frente por México: les pedimos una disculpa pública, a nombre de los poderes de la Unión, de este poder Legislativo de haberles fallado. Esta guerra no la van a ganar ellos, esta guerra se gana con fiscalías autónomas y que hagan su trabajo, con policías confiables en los municipios y en los estados. Pedirle una disculpa a los militares por haberlos tenido en las calles 10 años sin controles, sin claridad, sin delimitación de funciones y sin acompañamiento”, reclamó Álvarez Maynez.
El coordinador del MC, Clemente Castañeda, agregó, en coincidencia con la diputada de MORENA, Maricela Contreras, que la ley en cuestión, “legaliza” el error de sacar a las calles a los militares, cometido en su momento por el ahora ex Presidente Felipe Calderón y que Presidente Enrique Peña insiste en mantener.
“El PRI y sus aliados convertirán en ley una política pública fracasada, que ya demostró sus limitaciones y sus equívocos por más de una década. Convertirán un problema coyuntural en un círculo vicioso por decreto y porque expone a las Fuerzas Armadas mexicanas a situaciones que no deberían de padecer”, abundó Castañeda Hoeflich.
El problema, dijo, es que el Estado mexicano “renunciará por decreto” a su obligación de tener policías capaces y una estrategia de seguridad confiable.
En defensa del ordenamiento, la diputada del Verde, Sofía González Torres, recordó a los panistas que ellos fueron los responsables de sacar a los militares a la calle.
El panista Jorge Triana reiteró que la Ley de Seguridad Interior “convierte lo ilegal en legal” y sin el Mando Mixto policía, es imposible respaldarla.
Tras reconocer que el sexenio pasado, el Presidente Calderón sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, dijo que también se propuso una Ley de Seguridad Interior que por “mezquindad” el PRI rechazó y ahora, añora “volver al pasado”.
“Sí señores, hoy el PRI desea que regresemos en el pasado. El PRI, señoras y señores, se ha vuelto más calderonista que Felipe Calderón en materia de seguridad pública. ¡Acéptenlo, desean regresar al pasado con todas sus fuerzas! No queremos más ejecuciones extrajudiciales, no queremos más abusos, queremos policías mejor capacitadas”, demandó Triana Tena.
La priísta Martha Tamayo, fue enfática al señalar que quienes se oponen a la Ley han “faltado a la verdad” al acusar militarización, represión y falta de controles. Por ningún motivo se incluirá a las movilizaciones sociales en la lista de amenazas a la seguridad interior, aseveró.
De paso, Tamayo Morales criticó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lanzó alertas sobre la ley, quizás porque se le vinculará en la emisión de las Declaratorias de Protección de Seguridad Interior, y “tendrá más trabajo”.