En comunicado conjunto emitido en Washington, 11 organizaciones humanitarias denuncian apresuramiento en la Cámara de Diputados para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, con la que se “pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales”.
A pesar del rechazo de agrupaciones ciudadanas, expertos y defensores, los legisladores está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre.
Los grupos Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights, y World Organisation Against Torture (OMCT) señalan que una reforma sobre seguridad interior como la que se pretende aprobar en México “tendrían un efecto de militarización”.
“Formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles”, señalan.
A menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba como está escrita la Ley de Seguridad Interior.
También se han documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.
Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.
El Estado mexicano debe atender las exigencias de la ciudadanía de profesionalizar a la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos.
El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país. El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles, concluyen.