La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), realizó investigaciones sobre cómo el Cartel de Los Zetas controló el estado de Coahuila en 2010 y 2011 que entre otras cosas causó la desaparición y muerte de centenares de personas y como la venganza Zeta fue responsabilidad de la DEA y la Policía Federal.
A través de un acuerdo con el Semanario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, Jaime Rochin, titular de la CEAV enlistó los tres hallazgos más importantes en esta investigación.
Se logró determinar la función que esta organización criminal tenía en el Penal de Piedras Negras dentro de la estructura delincuencial, la magnitud que pudo haber alcanzado la “venganza” Zeta de marzo de 2011 que provocó la desaparición y muerte de centenares de personas y la responsabilidad de la DEA y la Policía Federal.
Además detalla la vida, la disciplina y la muerte al interior de una prisión controlada totalmente por los Zetas. La cárcel era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror Zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el gobierno estatal y federal subsidiaron el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.
Respecto a la “Venganza Zeta” se informó que entre el 18 y el 22 de marzo de 2011 los Zetas desencadenaron una venganza en toda la región. En el trabajo se establece que el terror afectó a Allende y otros municipios de la región. Uno de los más afectados fue Piedras Negras. Es un caso que crece en magnitud y complejidad. No está esclarecido o cerrado. Establecer con mayor precisión el número de víctimas ayudará a los familiares de desaparecidos y permitirá establecer responsabilidades.
Determina además la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la venganza Zeta en donde señala que “en la violencia que asola a México han influido la sociedad y el gobierno de los Estados Unidos. La venganza Zeta arriba mencionada fue responsabilidad de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y la Policía Federal que seis años después se niegan a revelar la identidad de los responsables.
El papel que juegan la Federación y gobierno estatal respecto a estos hechos indica de acuerdo al estudio, que los autores de la investigación resaltan entre sus recomendaciones que “es fundamental que el Estado mexicano tome todas las medidas necesarias para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean investigadas eficazmente y con debida diligencia, logrando con ello la verdad de los hechos, y así identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables”.
El comisionado ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, reconoció el trabajo encabezado por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, el cual permitirá que la Comisión Ejecutiva y su homóloga estatal coordinen esfuerzos para brindar a las víctimas la atención que merecen.
En esta investigación se consultó a las cuatro organizaciones que defienden víctimas de desaparición en Coahuila: Alas de Esperanza de Allende, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo y Grupo Vida de Torreón.También contribuyeron el periódico Vanguardia y el National Security Archive de la Universidad George Washington.