PAN pide a Segob información sobre casinos

Externó su preocupación por la falta de datos estadísticos sobre el número de casinos que operan en el país.

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La Secretaría de Gobernación (Segob) debe entregar al Senado de la República un informe sobre la situación en que se encuentran los casinos existentes en el país, a fin de conocer cuántos operan, cuántos tiene permiso y cuántas solicitudes para abrir ese tipo de establecimientos se han presentado, demandó el senador del Partido Acción Nacional (PAN), José María Martínez.

El congresista externó su preocupación por la falta de datos estadísticos sobre el número de casinos que operan en el país.

“Es preocupante que hasta el momento no se cuente con un marco jurídico que permita regular esta actividad de interés económico y social, y no se tenga la certeza de cuántos establecimientos operan, así como de los permisos otorgados para instalar casinos”, dijo.

Martínez Martínez señaló que de acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, en las principales ciudades de la República, hay al menos 100 mil terminales de juego instaladas en 434 establecimientos de los 798 autorizados por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de Gobernación.

Esos datos indican que en el país podrían abrirse al menos 364 casinos más, ya que de acuerdo a Segob cuentan con autorización, ello sin contar con los negocios de ese tipo que operan de manera irregular, con amparos o “clandestinamente”.

El panista consideró que la normatividad en la materia es insuficiente, los casinos operan en medio de “un paraíso jurídico” que ha permitido la proliferación de esa actividad.

Lamentó que las autoridades federales a las que el tema debería ocupar les tenga “sin cuidado”, ello, en referencia a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Seguridad

Pública, Salud, Educación, así como a los poderes Legislativo y Judicial.

Tras referir en particular a la empresa española Codere, que cuenta con permisos para operar casinos en México, el legislador insistió en que los vacíos legales en la materia han propiciado que los inversionistas nacionales y extranjeros apelen al amparo para mantener en marcha esos negocios.