El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) celebró la utilización de los canales institucionales para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea la que defina el alcance de los derechos y las facultades del Congreso de la Unión y así como del instituto en torno a los derechos de las audiencias.
Luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), interpuso una controversia constitucional sobre ocho artículos de la Ley general de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT que encabeza Gabriel Contreras, recordó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica reconoció derechos de las audiencias, así como diversos mecanismos para su protección.
Asimismo, dijo que la ley respectiva estableció el derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, el derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, así como la figura del defensor de audiencias y el deber de los concesionarios de contar con códigos de ética.
Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) afirmó que los Lineamientos de Defensoría de la Audiencia que el IFT publicó el pasado 21 de diciembre, han sido vistos por los concesionarios de Radio y Televisión con preocupación y que han sido objeto de críticas de comunicadores, han motivado una controversia sobre la que deberá pronunciarse la SCJN.
Por lo que informo que la CIRT, a través de los Presidentes de sus Consejos Directivo y Consultivo, envió el 24 de enero una carta a Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT, solicitando se abra al análisis y discusión a diversos aspectos de los lineamientos de los derechos de las audiencias por considerar que dejan a la Industria en estado de indefensión.
La CIRT se ha pronunciado porque se escuchen sus puntos de vista y las opiniones de los comunicadores y concesionarios mexicanos sobre la aplicación de diversas disposiciones de los lineamientos de defensoría de la audiencia.
En este sentido, la CIRT ve en el procedimiento que ha ordenado Peña Nieto la oportunidad de preservar la Libertad de Expresión en nuestro país.