El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González advirtió que ninguna medida administrativa será suficiente o podrá revertir el aumento a las gasolinas que entró en vigor a partir de este 2017, ni las afectaciones que está generando en la población.
“Ninguna medida adoptada en el ámbito exclusivo de la operación administrativa de las instituciones será suficiente o podrá revertir los efectos del aumento en los combustibles y la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país. De ahí la pertinencia y la necesidad de una ley, que el dinero se gaste en lo que se debe y que sea efectivo el gasto que s haga, ahí es donde tendríamos que centrar nuestros esfuerzos, así como en transparentar las erogaciones realizadas”, dijo.
Por ello, apuntó el ombudsman nacional, es necesario que el Poder Legislativo formule una ley que de manera general y obligatoria, regule el ejercicio de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno y todo organismo que ejerza el erario.
“Nos pronunciamos por que el Legislativo federal, en ejercicio de la facultad en materia presupuestaria que le asiste, formule con responsabilidad, objetividad e integralidad una ley que de manera general y obligatoria para todo ente que ejerza recursos públicos imponga los parámetros, alcances y medidas de austeridad en el gasto, así como el destino que se dé a los recursos que se afecten”, indicó González Pérez.
Durante la presentación de su informe de labores 2016, el ombudsman nacional aprovechó para anunciar que la CNDH ajustará su gasto a fin de ahorrar 50 millones de pesos.
“En el ámbito de la CNDH estamos por concretar medidas específicas de reducción y control del gasto que implicarán ahorros efectivos por más de 50 millones de pesos durante 2017, sin comprometer el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Comisión Nacional o afectar derechos adquiridos de su planta laboral”, expuso.
“Estas medidas comprenden ajustes a las partidas de sueldos y salarios del personal de mando superior, una limitación severa en gastos de representación, servicios de telefonía y el gasto en combustible”, detalló.
Recalcó que ante la molestia generada entre la ciudadanía por el alza en los combustibles y los efectos colaterales de esa decisión, es necesario responder con información clara sobre el uso de los recursos públicos y que las autoridades garanticen que los ahorros generados en distintas dependencias no se utilizarán discrecionalmente.
Cuestionado por legisladoras de oposición, en especial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC), sobre el presunto bono por casi 250 millones de pesos que los directivos de esa instancia autónoma habría cobrado a fin del 2016, el ombudsman nacional afirmó que no hubo tal “bono”.
Explicó que las partidas identificadas como “bono”, consisten en el pago de diversos conceptos y prestaciones como la “prima de antigüedad” que todos los mandos de la CNDH reciben; así como la “prima vacacional” y un “pago de riesgo” por las labores que se realizan en ese organismo y que en su conjunto, representaron un gasto de 146 millones de pesos.