La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio y solicitó medidas cautelares al gobierno de Baja California para la protección y la atención médica de los reporteros Laura Sánchez Ley, Luis Alonso Pérez y otros periodistas.
Lo anterior, en el desalojo de manifestantes de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Rosarito, Baja California, el pasado sábado 7 de enero del 2017, en donde agentes de la gendarmería rompieron el equipo fotográfico de los informadores lesionados.
La oficina del Ombudsman nacional solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que durante los operativos los elementos de la Gendarmería y la Policía Federal “se abstengan de agredir a la y los periodistas que resultaron lesionados, y que garantice que quienes cubren las movilizaciones por el incremento en el precio de los combustibles como parte de su labor periodística, puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas corporaciones”.
Personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de CNDH establecieron contacto con los comunicadores, a quienes ofreció el acompañamiento del personal de la oficina foránea de la CNDH en la ciudad de Tijuana, a fin de presentar la denuncia correspondiente.