En el Senado de la República arrancaron las mesas de análisis en materia de seguridad interior, con miras a la elaboración de una norma que regule las facultades del Ejecutivo Federal en ese ámbito y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
En ese marco, el presidente del Senado, Pablo Escudero señaló que “a nadie convence” el marco legal que aplica al Ejército y la Marina en cuanto a las labores de seguridad.
El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho añadió que la falta de una normatividad en esa materia afecta a las Fuerzas Armadas, pero más al ciudadano, que requiere certeza en cuanto al respeto a sus derechos humanos.
“La falta de normatividad en la materia no solo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino resta seguridad jurídica a los ciudadanos. El Ejército, la Marina no han chistado en auxiliar al Estado mexicano en el combate fundamentalmente al crimen organizado. Pero es evidente que este déficit normativo tiene que ser superado”, acotó.
Camacho Quiroz reconoció que las Fuerzas Armadas están cumpliendo tareas de respaldo en materia de seguridad sin “chistar”, pero necesitan un marco legal eficiente.
Recalcó que los congresistas han tomado nota de las preocupaciones expresadas por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en cuanto a poner límites temporales y geográficos a la intervención de sus elementos en el combate al crimen organizado.
Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Gil, señaló que la participación de militares en asuntos de seguridad va a en aumento, porque se ha convertido en un “incentivo perverso” para gobiernos locales y municipales que han dejado de cumplir sus obligaciones en asuntos de seguridad pública.
“Las Fuerzas Armadas sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal. En consecuencia la intervención ha perdido o perdió el propósito de dar espacio a la construcción de capacidades institucionales civiles y ha generado un perverso incentivo. El perverso incentivo local: para qué invertir en capacidades propias, si las Fuerzas Armadas, militares y marinos, van a hacer la tarea que les corresponde a las policías municipales o estatales”, añadió Gil Zuarth.
El legislador refrendó que lejos de replegarse y regresar a los cuarteles, cada vez más elementos militares están en las calles, cumpliendo las funciones que les asigna el Ejecutivo Federal.
Detalló que son Guerrero y el Estado de México, los puntos del país que concentran el 36 por ciento de las bases militares mixtas de auxilio en seguridad pública, lo que claramente ejemplifica el llamado “incentivo perverso”, es decir, cuando las autoridades dejan de cumplir sus obligaciones en seguridad, confiados en que los militares y marinos se hacen cargo.
En particular, el panista expuso que de ningún modo se debe vincular la discusión sobre seguridad interior al tema de suspensión de garantías. Enfocar el debate en ese sentido sería un “despropósito” porque las funciones de seguridad interior del Ejecutivo deben llevarse a cabo en plena vigencia de los derechos humanos.
Fue enfático al indicar que los militares no pueden salir de las calles porque hasta este momento no hay quién los sustituya.
Los cuerpos policíacos locales no están preparados, son débiles, están mal pagados y muchos de ellos, han sucumbido al poder económico y las presiones del crimen organizado, que cuenta con altas capacidades corruptoras, de organización y de “hacer daño”.
Asimismo, el senador Gil Zuarth pidió a los grupos parlamentarios analizar la reglamentación de las Fuerzas Armadas sin estigmatizar a los militares, que con ciudadanos mexicanos que cumplen con su labor y no deben ser vistos como traidores a la Patria o violadores de derechos humanos. “Es un despropósito”, apuntó.
Al dar detalles de la iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentará formalmente este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso, el coordinador Miguel Barbosa señaló que la normatividad debe contempla en primer lugar, el regreso gradual y ordenado de los militares a sus cuarteles.
La ley, dijo, aplicará con carácter excepcional y no como la regla; contemplará medidas “racionales” para actuar en caso de amenaza a la seguridad interior, por periodos de tiempo definido, en espacios específicos y serán “proporcionales”.
De igual modo, velará en todo momento por el respeto a los derechos humanos, y por ningún motivo considerará como amenaza a la seguridad interior, las protestas sociales y manifestaciones asociadas a movimientos en conflictos político-electorales.
Integrará acciones específicas para restablecer el orden; establecerá claros controles parlamentarios; incluirá sanciones y responsabilidades para las autoridades que se extralimiten en el uso de esas facultades; y el Senado de la República podrá objetar los decretos de despliegue de las Fuerzas Armadas emitidos por el Ejecutivo, abundó.
En ese marco, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del PAN, Jorge Ramos, dejó en claro que el fin de la iniciativa presentada no es el de “militarizar” al país ni el de hacer un uso “discrecional” sino razonado, de las Fuerzas Armadas.
Por el contrario, busca el retiro paulatino de los militares para que los gobiernos locales recuperen sus capacidades institucionales, explicó el legislador.
En su intervención, el académico Jorge Islas externó que al regular las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas, los legisladores deben establecer que el “auxilio” a brindar a las autoridades civiles deberá ser temporal, no permanente y en ningún caso para sustituir las competencias de gobiernos municipales o estatales.
Coincidió en que al emitir declaratorias sobre el despliegue de más elementos de las Fuerzas Armadas, no se requerirá que exista una orden de suspensión de garantías.