El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos coincidió con los congresistas en que el apoyo de militares en seguridad pública ha generado un “incentivo perverso” para gobiernos locales que no ha cumplido su obligación de invertir y capacitar a sus cuerpos policíacos.
Al participar en la reunión de trabajo temática que se llevó a cabo en la sede del Senado de la República, el funcionario manifestó que es apremiante y fundamental que el Legislativo avance en la construcción del andamiaje legal que esclarezca y de certeza a la intervención de los militares en labores de seguridad.
“Es fundamental hoy que las instituciones democráticas del Estado puedan construir el andamiaje constitucional para el ejercicio de la seguridad interior. Para poder actuar en forma reglada, lo mejor es tener las reglas claras, las reglas precisas y las reglas concisas para el ejercicio de esta función constitucional”, apuntó.
Señaló que la Presidencia está a favor de reglamentar las labores de los militares en seguridad, para que en el debido momento, éstos retomen sus funciones primordiales asociadas a la seguridad nacional e interior.
Sin embargo, es preciso prever en la ley que podrán seguir participando como apoyo a las autoridades civiles, en caso necesario, abundó.
Que una normatividad clara, dijo, “rompa el incentivo de que los municipios y los estados no inviertan en seguridad pública, que regrese a las Fuerzas Armadas a su función primordial, que es la seguridad interior y la defensa exterior del país”.
“Pero que también permita la participación de las Fuerzas Armadas, en la lógica constitucional establecida por la SCJN en la función auxiliar de la seguridad pública, pero con una reglamentación clara”, recalcó.
Dijo que la Presidencia saluda las coincidencias existentes entre las distintas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y la que ya ha perfilado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través del coordinador en el Senado, Miguel Barbosa.
Destacó que esos planteamientos contemplan medidas similares en cuanto los procedimientos para emitir declaratorias en materia de seguridad interior, regular las tareas de la milicia en seguridad pública y las responsabilidades de las autoridades civiles.
Sin embargo, fue enfático al solicitar que se definan claramente los conceptos de seguridad previstos en la Constitución: personal, nacional, pública e interior, esto, con el propósito de regular debidamente la intervención de elementos militares en esos asuntos.
Añadió que el Ejecutivo Federal se mantendrá atento al desarrollo del proceso legislativo y en ejercicio de sus facultades constitucionales, no esperará a que los legisladores tomen una decisión y le envíen un proyecto aprobado, sino que participará activamente y de lleno en la elaboración del mismo.