No es un caso aislado, sino un problema cada vez más frecuente de la vida nocturna y que consiste en administrar en secreto medicamentos como el GHB en una bebida para luego abusar de la victima.
Pero esto no se limita a la vida nocturna, también está sucediendo a puerta cerrada, es decir, en los hogares, en donde hombres drogan a sus esposas para luego compartir imágenes de ellas en grupos de chat mientras es violada, como ocurrió en el caso de la francesa Gisele Pelicot.
La legisladora holandesa del partido democristiano Etkin Armut
“Es terrible leer, ver que tantos hombres ven estas páginas en donde mujeres son víctimas en su propia casa, su propia cama, por su propia pareja. Es demasiado y tenemos muy mala visibilidad al respecto”.
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En Holanda el tema ya ha llegado hasta el Parlamento, luego de estallar un escándalo en el que se hace referencia a redes de abuso y no a un problema aislado.
El debate parlamentario consiste en si es o no necesario cambiar la legislación para erradicar este tipo de abusos.
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En Países Bajos, este fenómeno está cubierto por el término general de "maltrato".
Diversas fuerzas políticas, incluyendo liberales y democristianos, aseguran que este término limita la actuación de la justicia, por lo que proponen criminalizar este abuso, haciendo énfasis en la acción penal.
Aseguran que la criminalización reconoce la gravedad del hecho y envía una señal clara a los perpetradores. Además, la criminalización garantiza un mejor registro del problema.
“Como miembro de la Cámara que se ocupa de estos acontecimientos, estamos muy preocupados por esta situación, por lo que es muy lógico que toda solución posible sea bien examinada y seriamente evaluada”.
Las fuerzas políticas progresistas, como el partido en el gobierno D66, tienen sus dudas.
Señalan que no hay razón para pensar que con la criminalización se resuelve el problema, considera que el reto radica principalmente en la recopilación de pruebas, es decir, en el desempeño de la justicia ante una denuncia.
Los opositores a la modificación legislativa, proponen mejor apostar por soluciones prácticas y ver experiencias como la del Reino Unido, en donde se combate el problema mediante la distribución gratuita de kits de prueba para verificar que las bebidas no han sido alteradas. También hay kits disponibles para personas que se sospecha han sido drogadas.
Estos kits portátiles son distribuidos en los lugares de entretenimiento. Los partidos partidarios de la criminalización responden afirmando que este tipo de iniciativas pueden crear una "seguridad simulada". Además afirman que nunca debe ser reemplazada la labor de la justicia.
Otro punto de debate que genera el modelo británico es ¿quién debería cubrir los costos de estos kits de prueba? Los partidarios de la iniciativa son de la idea de que es un tema de responsabilidad compartida, es decir, por un lado debe contribuir el gobierno como garante de la salud pública y la seguridad, pero también podrían involucrarse a los clubes, bares y promotores de festivales, quienes igualmente tienen responsabilidad en garantizar el bienestar de sus clientes.