La Corte Suprema de Estados Unidos le propin\ó este viernes un nuevo rev\és judicial a la pol\ítica migratoria del presidente Donald Trump al bloquear un reglamento que buscaba prohibir las peticiones de asilo de migrantes que hubieran ingresado ilegalmente al pa\ís.
La Corte sostuvo la decisi\ón de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco en contra de la orden ejecutiva de Trump que buscaba rechazar autom\áticamente las solicitudes de asilo de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera de Estados Unidos desde M\éxico.
Los cuatro jueces que respaldaron al presidente fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y los magistrados nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
El 9 de noviembre, Trump firm\ó la orden, que buscaba frenar el flujo de migrantes sobre todo orientada a las personas que intentan cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador.
Muchos de ellos solicitan asilo debido a la violencia en sus pa\íses de origen.
La orden de Trump fue cuestionada inmediatamente por grupos de derechos que aseguraron que la medida violaba los est\ándares internacionales y las leyes estadounidenses sobre asilo.
Una corte menor estableci\ó una suspensi\ón en la promulgaci\ón, que luego fue apoyada por el tribunal de apelaciones.
Sin embargo, el pronunciamiento de este viernes de la Corte Suprema podr\ía no hacer mucha diferencia para los migrantes.
Si bien a\ún pueden entregarse y solicitar asilo despu\és de cruzar la frontera, la administraci\ón de Trump anunci\ó el jueves que todos los inmigrantes ilegales ser\án devueltos a M\éxico mientras sus solicitudes son procesadas.
El gobierno de Trump espera que la larga espera para una resoluci\ón sobre las solicitudes de asilo, junto con el hecho de verse obligados a quedarse en M\éxico, disuada a otros de hacer el largo viaje a la frontera desde sus pa\íses de origen.
– Varios reveses en la justicia –
La pol\ítica de tolerancia cero con la inmigraci\ón impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump acumula varios reveses judiciales.
El mi\ércoles, el juez federal Emmet Sullivan invalid\ó la postura del exfiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que en junio plante\ó excluir del derecho de asilo a las v\íctimas de la violencia dom\éstica y a quienes buscan escapar de las pandillas.
El juez estim\ó que estas restricciones son “arbitrarias, caprichosas y est\án en contradicci\ón con las leyes de inmigraci\ón”.
En septiembre de 2017 Trump decidi\ó cancelar el programa de Acci\ón Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente dem\ócrata Barack Obama para proteger a los j\óvenes indocumentados que llegaron al pa\ís siendo menores.
El 8 de noviembre, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictamin\ó que el gobierno de Trump deb\ía mantener el programa que protege de la deportaci\ón a los beneficiarios del programa, unas 7000.000 personas.\
Este viernes, el fiscal general del estado de Haw\ái, Russell A. Suzuki se expres\ó en contra del fin del programa de protecci\ón a los j\óvenes beneficiarios del DACA.
“La pr\áctica ilegal del gobierno est\á infligiendo un da\ño irreparable a los beneficiarios del DACA que va a sentirse en los pr\óximos a\ños”, dijo el fiscal.
El gobierno de Trump tambi\én anunci\ó el fin del estatuto de protecci\ón temporal\ (TPS) para ciudadanos de Hait\í, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros ocho pa\íses.
Esta f\órmula jur\ídica impide la deportaci\ón y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de pa\íses que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales.
Con el fin de los programas para estos pa\íses unas 400.000 personas enfrentan el riesgo de ser deportadas.
Sin embargo, muchos de ellos lograron que la justicia tramitara recursos de protecci\ón, que tienen por el momento bloqueado el proceso.
Un juez fall\ó a favor de beneficiarios del programa originarios de El Salvador, Nicaragua, Hait\í y Sud\án. Sin embargo, el gobierno apel\ó.