Las redes sociales se han convertido en una herramienta útil para comunicarse, pero también suponen un riesgo para los activistas que defienden los derechos laborales o medioambientales, entre otros, en países del sur de Asia.
El pasado 15 de agosto, un universitario y activista tailandés, Jatupat Boonpattaraksa, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por compartir en Facebook un perfil del rey Vajiralonkorn realizada por la cadena británica BBC.
La biografía, que incluía aspectos controvertidos de la vida privada del rey, fue compartida más de 2 mil 600 veces, pero el joven es el único que ha sido perseguido por la justicia del país.
Al activista, conocido como Pai Dao Din, se le aplicó la severa ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel a quienes critiquen o emitan comentarios que se consideren insultantes con la familia real.
Las autoridades tailandesas también utilizan la ley de internet y la ley de difamación para iniciar procesos penales contra activistas, según Sutharee Wannasiri, de la ONG Fortify Rights.
“Nosotros abogamos por la enmienda de la ley de internet, que incluye penas de prisión”, indicó Sutharee recientemente en una conferencia en el Club de Corresponsables Extranjeros de Tailandia en Bangkok.
Según David Kaye, relator especial de la ONU para la libertad de expresión, en el Sudeste Asiático existe un aumento de la “criminalización” de las críticas al gobierno y un abuso del uso de leyes contra la blasfemia en países como Indonesia.