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Mónica Yuliana lleva más de 12 años privada de su libertad bajo la medida de prisión preventiva sin haber recibido una sentencia condenatoria. Aunque fue absuelta del delito de secuestro que le fue fabricado inicialmente, aún enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, un proceso que se ha prolongado debido a que la fiscalía ha interpuesto diversos recursos para evitar el cierre de la investigación.
Según Ángela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia Social, la fiscalía no ha presentado las pruebas necesarias para sustentar el caso en más de una década.
Denuncian tortura y violación a los derechos humanos
De acuerdo con la postura de la organización CEA Justicia Social, el caso de Mónica está documentado bajo un contexto de tortura, lo cual constituye una violación directa a sus derechos humanos.
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Guerrero enfatizó que, de existir pruebas contundentes, la procesada ya habría sido juzgada; sin embargo, la falta de elementos probatorios ha transgredido tanto su libertad como la integridad de su familia.
La crítica a la actuación judicial: ¿Promesas incumplidas?
A pesar de que el equipo de defensa de Mónica Yuliana solicitó un cambio en las medidas cautelares, la respuesta del Poder Judicial ha generado indignación entre los activistas. Ángela Guerrero señaló que, ante la gran promesa de que las cosas iban a ser distintas en el sistema de justicia, la jueza a cargo del caso está actuando exactamente igual que los jueces anteriores.
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Tras ganar un recurso en el Tribunal, la jueza determinó que no existe nada que revisar en el caso de Mónica, manteniendo la situación de la interna sin cambios. Esta negativa representa, según la organización, un obstáculo para garantizar el acceso a un proceso justo y expedito, dejando a la procesada en un limbo legal que se ha extendido por más de doce años.
Ante este panorama, CEA Justicia Social advierte que el caso de Mónica es solo uno de muchos que permanecen estancados bajo la misma dinámica legal.