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Natalia Castillo, reconocida abogada y defensora de derechos humanos, alzó la voz en una contundente entrevista con Luis Cárdenas, donde expuso las graves implicaciones de la Ley Serrano en San Luis Potosí. Durante la conversación, la activista detalló cómo los legisladores locales operan a puerta cerrada y con un "miedo tremendo" ante el reclamo social que exige la derogación de reformas que, bajo el pretexto de regular la Inteligencia Artificial (IA), en realidad buscan censurar a los medios de comunicación.
La Ley Serrano criminaliza la libertad de expresión
De acuerdo con la perspectiva jurídica de la litigante, estas adiciones legales representan un riesgo directo para la labor informativa y la crítica ciudadana, debido a la ambigüedad con la que fueron redactadas por el Congreso local.
"La Ley Serrano criminaliza, tú ya no puedes criticarlos, tú ya no puedes tener una investigación... porque para ellos todo es inteligencia artificial, pero es un tipo penal abierto. No dicen cuál es la ofensa o cómo se va a tratar y descubrir que es inteligencia artificial", acusó la litigante.
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La defensora argumentó que detrás de estas normativas existen intereses particulares de personajes políticos que buscan encubrir presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos mediante el uso de la fuerza institucional.
"Al diputado Serrano se le han encontrado miles y miles, millones de pesos cobrados para su medio Contra Réplica por parte del mismo Congreso. O sea, él siendo presidente de la JUCOPO, se autopagó a su medio de comunicación. Y como se le descubrió y está exhibido todo el dinero que recibió, denuncia por extorsión y por delitos digitales utilizando su misma ley", sentenció.
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Grupos de choque y fabricación de delitos en San Luis Potosí
La situación ha escalado a niveles de violencia física y persecución judicial contra los liderazgos sociales y reporteros incómodos para la administración del denominado "gobierno gallardista", según las declaraciones presentadas.
"Ayer nos acusaron y nos mandaron a la Guardia Civil porque decían que estábamos drogados y alcoholizados. Ellos mismos mandaron grupos de choque, hay audios, yo lo demostré... ayer me mandaron pandilleros que me querían picar", denunció públicamente.
Asimismo, ejemplificó el nivel de persecución con el caso de un comunicador local que recientemente obtuvo su libertad tras permanecer semanas en prisión bajo cargos presuntamente falsos.
"El sábado sacamos a Cristian. A él le fabricaron... él estuvo casi un mes. Tenía un medio y páginas en donde la gente le decía sobre las violaciones a los derechos humanos que hacía la Guardia Civil y cómo ellos extorsionaban al ciudadano. Pues lo denuncian por el delito de usurpación de funciones", detalló.
Para finalizar, se reiteró el llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales para voltear a ver la crisis democrática y de seguridad que atraviesa la entidad potosina, asegurando que los diversos colectivos civiles mantendrán la presión de manera pacífica hasta lograr que los diputados den marcha atrás a estas reformas.