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En medio de un clima político donde al menos tres gobernadores mexicanos enfrentan señalamientos por la prensa norteamericana, la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no negó la veracidad de audios filtrados sobre sus acercamientos con agencias de seguridad estadounidenses.
La urgencia por limpiar su imagen cobra relevancia ante el antecedente de Sinaloa, donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, solicitó separarse de su cargo y tras revelarse la contratación de un abogado que previamente llevó un caso internacional de lavado de dinero por 350 millones de dólares.
En entrevista para MVS Noticias con Sheila Amador, el especialista en seguridad David Saucedo explicó que este contacto legal busca evitar consecuencias severas y aclarar la percepción estadounidense sobre una supuesta sinergia entre su gobierno y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Tras horas de silencio por la filtración periodística de Héctor de Mauleón, la gobernadora intentó desvirtuar la información y "dio más datos" al Semanario Zeta. Al hacerlo, reveló la naturaleza de su contacto con gestores y abogados cercanos a autoridades norteamericanas. Justificó la contratación de un litigante externo a Baja California para evitar que la información se filtre, lo que, de acuerdo con la periodista Sheila Amador, genera profundas dudas sobre la supuesta transparencia de estas reuniones.
El representante legal elegido por la funcionaria es Michael Nadler, un exfiscal del distrito sur de Florida. Este abogado cobró notoriedad internacional por llevar el caso contra Alex Saab, operador financiero señalado por lavar al menos 350 millones de dólares a través del control cambiario para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
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De acuerdo con el análisis de Saucedo, mandatarios como Américo Villarreal de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora también han sido vinculados por medios estadounidenses con grupos criminales y han establecido contactos similares. El objetivo principal de estos políticos es colaborar activamente para no recorrer el mismo camino que Rubén Rocha Moya en Sinaloa.
Ante esta crisis, el especialista recomendó a los acusados establecer un diálogo de manera directa con la DEA, el FBI o el Departamento de Justicia. Advirtió fuertemente sobre el riesgo de ser estafados por despachos intermediarios que cobran altos honorarios con la falsa promesa de nulificar y neutralizar las investigaciones penales.