El impacto de la violencia en Sinaloa

La disparidad entre la narrativa gubernamental y las cifras oficiales del empleo ha desatado una nueva confrontación pública en torno a la situación que se vive en Sinaloa. Mientras la Jefatura de la Presidencia de la República sostiene que la entidad no atraviesa por una crisis financiera derivada de la inseguridad, agrupaciones civiles y datos de instituciones federales señalan un severo impacto en el mercado laboral y el cierre definitivo de miles de negocios a casi dos años de haber iniciado el conflicto entre grupos del crimen organizado.

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Marlene León Fontes, directora de la organización civil Iniciativa Sinaloa, calificó como "un insulto para la ciudadanía" las recientes declaraciones de la titular de la Jefatura Jurídica y de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien en la conferencia matutina del Ejecutivo Federal afirmó que los reportes sobre desempleo y afectaciones comerciales en la entidad eran falsos.

"Este llamado que hacemos se unió a más gente (...), porque justo hace un par de días la titular de la Jefatura de Presidencia salió en una mañanera a señalar que lo que estaba pasando acá en Sinaloa era mentira, que no había una crisis económica. Para nosotros fue un insulto", apuntó León Fontes, explicando el motivo del desplegado firmado por decenas de ciudadanos y organizaciones.

El impacto de la violencia en cifras oficiales (2024-2026)

Frente a la postura de las autoridades federales, que califican los pronunciamientos civiles como "alarmistas" y "exagerados", los registros de las instituciones estadísticas del propio Gobierno de México muestran una tendencia de desaceleración y pérdida de plazas laborales en el estado entre el primer trimestre de 2024 (periodo previo al repunte de la violencia) y el primer trimestre de 2026.

A continuación se presentan los principales indicadores económicos registrados en la entidad, de acuerdo con fuentes oficiales:

• Población ocupada que salió del mercado laboral: 59,714 personas, según datos del INEGI.
• Empleos formales netos perdidos: 27,349 puestos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
• Bajas en el registro patronal (cierre de empresas): 4,704 patrones menos, reportados por el IMSS.

"Esto lo puede constatar cualquier ciudadano (...) por la vía de las cifras, recurrir a las cifras que tiene el propio Inegi; no son cosas que nos inventamos nosotros", argumentó la directora de Iniciativa Sinaloa, añadiendo que en las calles de Culiacán la reducción de la actividad comercial es visible mediante las cortinas cerradas de establecimientos con años de antigüedad.

Elecciones 2026 y tensiones institucionales: Los diferentes ángulos

El debate sobre la realidad socioeconómica de Sinaloa ocurre en un contexto complejo, cruzado por factores políticos y presiones internacionales que dividen las opiniones de los actores involucrados.

• 1. El factor electoral y el relevo de funcionarios

Desde la perspectiva de los organismos de la sociedad civil, la cercanía del proceso electoral de 2026 amenaza con agravar la falta de soluciones. Se denuncia que diversos tomadores de decisiones clave están dejando sus puestos de manera anticipada para buscar candidaturas (incluyendo la gubernatura), lo que genera un escenario de incertidumbre y promesas de campaña que carecen de planes específicos para la reactivación económica y el combate a la inseguridad.

• 2. Confianza de inversión y señalamientos bilaterales

La estabilidad económica del estado también se ha visto presionada por factores externos. Los recientes señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de alto nivel, —que abarcan la gubernatura, legisladores, la fiscalía local y la alcaldía de Culiacán— han generado, de acuerdo con analistas y activistas, un entorno de desconfianza institucional que desincentiva la llegada y retención de capitales privados.

• 3. La postura gubernamental

Por su parte, los representantes del Gobierno Federal mantienen la postura de que las mediciones de la actividad económica general no respaldan la narrativa de una parálisis financiera masiva en el estado. El discurso oficial insiste en que las alertas emitidas por sectores de la oposición y ciertas organizaciones carecen de sustento macroeconómico y forman parte de una cobertura mediática focalizada en dimensionar la problemática de seguridad por encima de los balances de gobernabilidad.

Hasta el momento, las organizaciones firmantes del desplegado insisten en la necesidad de establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y una estrategia coordinada que atienda de manera simultánea la seguridad pública y el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas en la entidad.