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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, la Dra. Rosa Elvira Vargas, profesora de la UNAM y especialista en derecho internacional, detalla los escenarios legales bajo los cuales Estados Unidos puede revocar la visa de un servidor público en funciones, como ocurrió recientemente con una gobernadora de un estado fronterizo mexicano.
"Esta es la primera vez que a un gobernador en funciones se decide cancelarle la visa por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirmó la doctora Vargas al inicio de la conversación. La medida, subrayó, es especialmente delicada debido a la relevancia de los vínculos transfronterizos en los estados limítrofes.
Causas legales de revocación
Estados Unidos, como cualquier nación soberana, establece las reglas de ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras en su territorio. La doctora Vargas explicó que “el incumplimiento de las condiciones del tipo de visado puede ser causal para revocar estas autorizaciones”. Algunas causas comunes son:
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- Realizar actividades económicas con visa de turista.
- Ingresar con productos o fondos no declarados.
- Portar objetos prohibidos, como armas o drogas.
- Incurrir en conductas que atenten contra la seguridad nacional.
“Cada Estado decide de manera soberana a quién permite entrar y bajo qué condiciones. No tiene la obligación de explicar su decisión a otro gobierno”, añadió.
¿Hay trato diferenciado para funcionarios?
Aunque las normas aplican por igual, existen gestos de cortesía diplomática. Según la Dra. Vargas, “la gobernadora fue notificada por el consulado de Estados Unidos. Eso es un acto de cortesía internacional por tratarse de una funcionaria en activo”. No ocurrió lo mismo con su esposo, cuya función es honoraria.
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El proceso de notificación, aclaró, no implica una consulta con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana. “Ni siquiera hay obligación de avisar a la SRE. Eso fue decisión unilateral de Estados Unidos y legal bajo su propia normativa migratoria”, puntualizó.
¿Motivos de seguridad nacional?
Otro ángulo relevante es el de la seguridad. La doctora Vargas recordó que el Departamento de Estado puede cancelar visas si existen indicios de que una persona representa un riesgo. “Pareciera que se está realizando una investigación, y en esos casos el Departamento de Estado puede considerar que ciertos vínculos o actividades representan un problema de seguridad interna”.
Este marco se respalda en políticas como la Sección 212(a) del Immigration and Nationality Act, que otorga al gobierno estadounidense amplia discrecionalidad.
La cancelación de visas a servidores públicos no es común, pero es legal bajo el derecho internacional y las normas estadounidenses. Como concluye la doctora Vargas: “Estados Unidos no necesita justificar públicamente su decisión. La soberanía migratoria le permite actuar de forma discrecional en estos casos”.