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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Paulina Amozorrutia, directora general de Educación con Rumbo, abordó la reciente orden judicial que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a agilizar los trámites necesarios para la aplicación de la prueba PISA en México.
La especialista explicó que la batalla legal para la aplicación de la evaluación va por buen camino, destacando la importancia de contar con personas comprometidas que entienden la relevancia de esta evaluación.
"La batalla legal va bien, hemos encontrado gente valiente que entiende la importancia de evaluar", afirmó.
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La directora general de Educación con Rumbo destacó que actualmente cuentan con una suspensión definitiva.
"Hoy tenemos una suspensión definitiva, la juez ordenó que en un plazo de 24 horas la SEP y Mejoredu digan el diagnóstico real de la prueba", señaló.
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¿Qué pasará con la prueba PISA en México?
Amozorrutia criticó la falta de acción por parte de las autoridades educativas, señalando que hasta el momento no han mostrado interés en cumplir con sus obligaciones.
"No les ha importado", expresó. "El presidente hace unos días dijo que se iba a aplicar la prueba, pero tanto Mejoredu y SEP se han echado la bolita".
La aplicación es crucial para la estandarización y evaluación del sistema educativo en México.
"La prueba se tiene que estandarizar, se genera en todos los países de la OCDE", explicó Amozorrutia.
Para lograr esto, es necesario realizar una prueba piloto en 45 escuelas.
Si las autoridades no cumplen con la orden judicial en el plazo establecido, podrían enfrentar serias consecuencias.
"Una orden judicial puede llevar a multas, que los saquen de su puesto o una acción penal", advirtió. "Si al término de estas 24 horas, entre hoy y el lunes, no responde el gobierno a través de Mejoredu y la SEP, iremos a presentar el desacato".
Finalmente, Amozorrutia dejó claro que cumplir con la orden judicial no es opcional. "Esto no es optativo", enfatizó, destacando la necesidad de que las autoridades educativas actúen conforme a lo estipulado por la jueza para garantizar la correcta aplicación de la prueba PISA en México.