A pocos días de que concluya el plazo para vincular las líneas telefónicas móviles con un titular, AT&T México informó que ya ha completado el registro de aproximadamente la mitad de sus usuarios de prepago y de cerca del 95 por ciento de sus clientes de pospago.
La empresa aseguró que no solicitará una ampliación del plazo establecido por las autoridades y mantendrá el cumplimiento de la regulación vigente, cuyo vencimiento está programado para el próximo 30 de junio.
Gabriel Contreras, vicepresidente de Asesoría Jurídica, Asuntos Regulatorios y Externos de AT&T México, explicó que la compañía se prepara para un aumento en la demanda de registros durante los últimos días del proceso y también después de la fecha límite, cuando usuarios con líneas suspendidas busquen regularizar su situación.
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Para atender el proceso, la firma realizó inversiones en infraestructura tecnológica y capacitó a más de 20 mil colaboradores en todo el país.
El directivo señaló que la mayoría de los usuarios de pospago ya se encuentran registrados debido a que su identidad fue validada al momento de contratar el servicio. En cambio, los clientes de prepago que activaron su línea antes del 9 de enero de 2026 deben realizar el trámite de vinculación para evitar restricciones.
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De acuerdo con la normativa, las líneas de prepago que no sean registradas antes del 30 de junio quedarán suspendidas a partir del 1 de julio y únicamente podrán utilizarse para realizar llamadas de emergencia.
AT&T estimó que la mayor parte de los usuarios pendientes completará el proceso en los próximos días, por lo que no prevé una desconexión masiva de líneas una vez que entre en vigor la medida.
La empresa también rechazó versiones sobre una supuesta recopilación de datos biométricos o documentos oficiales. Contreras aseguró que el proceso únicamente requiere información básica como nombre, CURP o RFC, número telefónico y validación de identidad.
Asimismo, enfatizó que los datos permanecen bajo resguardo del operador y sólo pueden ser entregados a las autoridades en los casos previstos por la ley, por lo que descartó que exista un acceso automático del Gobierno a la información de los usuarios.