El Consejo Coordinador Empresarial externó su preocupación por los riesgos que representa la reforma a la Ley de Amparo, pues asegura que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales, al reducir las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público, lo que va en perjuicio de los derechos humanos al debilitar el acceso a la justicia y afectar la competencia económica.
El organismo que encabeza Francisco Cervantes, advirtió que la suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio. Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo.
Por ello, el CCE alertó que las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público. Además de que, hacia el futuro, podría generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.
Asimismo dijo que el amparo constituye la principal herramienta que ofrece protección a personas y empresas frente al ejercicio de la autoridad, y un amparo sin suspensión como lo pretende la iniciativa “no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales”.
Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa.