El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) consideró que la iniciativa de reforma constitucional por la que se propone su desaparición y que sus atribuciones sean transferidas en su totalidad al Ejecutivo Federal, representa un retroceso en perjuicio de las personas usuarias y audiencias, dado que implica volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr, entre otros objetivos, la entrada de más competidores, mayor certeza jurídica y asegurar piso parejo para que más mexicanos contaran con más servicios de telecomunicaciones a menor precio y con mayor calidad, así como con más estaciones de radio y televisión donde pudieran expresarse mayor diversidad de voces y opiniones.
El IFT explicó que la autonomía constitucional fue indispensable tras largos años de tener mercados con escasa competencia y elevados precios, lo cual generó un perjuicio social de al menos 129 mil millones de dólares, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y las personas usuarias de internet en 2010 solo representaban el 34% de la población.
Además, indicó que frente a estos rezagos se generó un consenso para considerar a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como dos pilares del desarrollo económico y social, así como habilitadores de derechos y libertades fundamentales.
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Señaló que los resultados y la evolución de las telecomunicaciones y radiodifusión en la última década dan cuenta de que la autonomía constitucional ha dotado a este órgano regulador de la fortaleza institucional necesaria para que las decisiones sean tomadas exclusivamente con criterios técnicos y en beneficio de la población, resultando en que estos sectores hoy sean muy diferentes a lo que eran con el esquema anterior a la Reforma constitucional, contribuyendo al cierre de las brechas digitales, y con ello al bienestar social.