Una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permiten a los partidos políticos devolver el financiamiento público para apoyar a la población en casos de desastres naturales.
El presidente del Alto Tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aplazó la votación de este asunto, debido a que en la sesión de este lunes no estuvieron presentes las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, quienes definirán si se alcanza la mayoría de ocho votos para invalidar la norma.
Al presentar su proyecto de resolución, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que no hay ninguna incongruencia en el hecho de que los partidos que así lo deseen devuelvan su financiamiento directamente a la tesorería federal, pues se trata de dinero que proviene del presupuesto federal.
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No obstante, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que los mecanismos están prohibidos por la Constitución.
Los mecanismos que permiten el reintegro en las normas impugnadas no cumplen con la finalidad del financiamiento público ordinario y se encuentran prohibidas, desde mi punto de vista, por la propia Constitución. Es una redacción vaga que permite que el gasto asignado a financiamiento ordinario de los partidos políticos tenga un destino incierto que podría ser definido durante el ejercicio por la Secretaría de Hacienda sin que exista un monto o una partida especificando en la ley o el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
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Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales puntualizó que la norma impugnada favorecería, electoralmente, a los partidos políticos con mayores recursos económicos.
“En realidad, la entrega de remanente de recursos para el apoyo de alguna contingencia que ponga en peligro a la sociedad mexicana, se convierte en realidad en un gasto tendente a generar una simpatía con la población y aumentar las probabilidades de que en los procesos electorales federales o locales por venir, cuenten con una mayor cantidad de votos”.
En su oportunidad, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo destacó que los recursos deben ser reintegrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la autoridad hacendaria, una vez que haya concluido la etapa de fiscalización.