Luego de que la Suprema Corte concedió al IFT la suspensión contra el Panaut, porque la conformación de este padrón resta recursos económicos y compromete el presupuesto anual de ese órgano en su trabajo de regular las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, el instituto consideró que se apreciaba un riesgo sobre la autonomía constitucional del padrón.
Cabe señalar que el efecto de la medida cautelar es que se paralizan las acciones que se deban realizar para el desarrollo de la plataforma que concentrará la información materia del padrón, la emisión de las disposiciones administrativas de carácter general para su operación, las campañas y medios de información para la difusión del programa, así como la consecuencia lógica de que, no procede la aplicación de sanción de responsabilidad administrativa a que alude el párrafo segundo del artículo Tercero Transitorio impugnado.
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La SCJN concedió al IFT la suspensión respecto a la obligación de instalar, operar, regular y mantener el PANAUT, al considerarse que se puede apreciar un riesgo sobre la autonomía constitucional del Instituto si se permitiera la ejecución de dicho Padrón.
El pasado 26 de mayo, el IFT presentó una Controversia Constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021, por las cuales se crea el PANAUTEl, IFT expuso que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del PANAUT con cargo a su presupuesto.
La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador; y que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias.
Finalmente la IFT, manifestó su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre en el marco del Estado de Derecho, así como su reconocimiento y respeto al Poder Judicial, cuyas decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones.