Alertan retroceso eléctrico con iniciativa de AMLO

Especialistas financieros de Multiva, advirtieron sobre los riesgos de querellas legales por parte de empresas extranjeras.

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La unidad de Análisis de Grupo Financiero Multiva, consideró que con la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica, se estaría otorgando una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) además daría marcha atrás a importantes cambios con claro sentido económico.

Los especialistas del grupo financiero recordaron que el pasado 3 de febrero, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó elementos centrales que contenía la "Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (PCSC)", por considerar que ésta invadía las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y violaba el derecho a la libre competencia en materia energética en el país.

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Los especialistas de Multiva precisaron que si bien no se trata de un cambio constitucional, sino a la ley secundaria, sus implicaciones representarían un retroceso a lo logrado en materia energética en el país desde 2013, además de generar un panorama incierto para las empresas energéticas privadas y los acuerdos previos que se firmaron con el país.

Banco Multiva, señaló que la iniciativa presentada por el Presidente, "pretende utilizar la normatividad para darle a la CFE una competitividad que no alcanza por la vía de los hechos (inversión y productividad)".

Finalmente refirió que entre las propuestas que contiene dicha reforma, se encuentra que todos los permisos de generación eléctrica estén sujetos a los criterios de planeación de la Sener.

Cambiar las características del despacho de energía para suspender las compras de energía con base al sistema de subastas; que sea el Gobierno el que otorgue los Certificados de Energías Limpias (CEL) a las centrales hidroeléctricas de la CFE; que la Comisión Reguladora de Energía tenga la capacidad de revocar los permisos de autoabastecimiento y, que sea el Gobierno el que revise la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores independientes al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.