Las principales cámaras empresariales del país celebraron que el Senado haya frenado la legalización de autos chocolate y el cobro por derechos del agua que formaban parte del paquete económico 2020.
En entrevista durante la celebración del 145 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín refirió que ese tipo de legislaciones asustan al contribuyente, por lo que se congratuló luego de que los senadores enmendaron la plana a los diputados que en días recientes habían aprobado esto como parte de la ley de ingresos del próximo año.
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No obstante, el representante de la iniciativa privada advirtió que para tener más certeza e impulsar la economía nacional ante la desaceleración mundial que se vive en esta materia hacen falta otros cambios, entre ellos que se establezca en el articulado de la ley contra factureros a quien es aplicable dicha legislación.
"Hay elementos en esas legislaciones que al final asustan al contribuyente o no lo entienden o se orientan a osas totalmente equivocadas. Celebro que esto de los autos chocolate desaparezca, celebro que este cobro a los derechos del agua desaparezca. Sigo insistiendo a los legisladores y a los funcionariosnde hacienda que una cosa muy simple que es reconocer lo que hoy ya pusieron en la exposición de motivos en la Cámara de diputados para la ley de los facuteros lo pongan en el articulado", declaró.
Al resiento, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Francisco Cervantes Díaz pidió al legislativo federal trabajar más en iniciativas que vayan encaminadas a dar mayor seguridad a los mexicanos y no en legislaciones que le pegan al sector empresarial, entre ellas los IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a las casetas y el diésel.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (CONCANACO SERVYTUR), José Manuel López Campos confió en que los ajustes fiscales pendientes puedan incluirse en las leyes reglamentarias o bien en el Código Fiscal.