Una vez que fue aprehendida por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ha buscado victimizarse con el argumento de que fueron violentados sus derechos, ya que hubo rudeza innecesaria durante su aseguramiento, el cual su defensa afirma fue innecesario.
Su abogado también ha señalado que su representada fue estigmatizada públicamente por las autoridades federales lo que ha puesto en complicaciones a la juez de control Nora García, quien ha dejado notar claramente su inexperiencia ante este tipo de casos al tomar decisiones erráticas como no calificar de legal la detención durante la audiencia inicial y ordenar a la FGR que se hiciera cargo de la custodia de la imputada una vez presentada ante la juzgadora, lo que contraviene claramente el procedimiento jurídico establecido en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Sin embargo, lo que no dicen Lozoya y su abogado es que ella representó un eslabón de peso para que se cumpliera el entramado de corrupción orquestado por su hermano, quien con pleno conocimiento de que sería el próximo titular de Pemex, antes de su toma de posesión, pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos, que realizaría las acciones necesarias para que la paraestatal comprara a un escandaloso sobreprecio una planta en ruinas conocida como Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, a cambio de un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares.
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De acuerdo con la imputación formulada por los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, dicho monto habría sido cubierto antes de su toma de posesión mediante una transferencia electrónica proveniente de una cuenta bancaria de Altos Hornos, a una cuenta abierta en la Unión de Bancos Suizos a favor de la empresa Tochos Holding Limited, la cual fue constituida como una empresa fachada de Lozoya en Islas Vírgenes, considerado uno de los más importantes paraísos fiscales.
Una vez realizado lo anterior, con la finalidad de ocultar la trazabilidad de los flujos, Emilio Lozoya hizo una cesión de ese derecho a favor de su hermana Gilda, quien realizó en México diversas transferencias, una de las cuales sirvió para cubrir el precio pactado por la compra, a nombre de su hermano, de una casa ubicada en Lomas de Bezares que posteriormente fue objeto de un procedimiento de extinción de dominio ganado por elGobierno Federal.
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Queda claro que las operaciones realizadas por los hermanos Lozoya tenían el objetivo específico de maquillar una compra fraudulenta que generó un grave daño patrimonial al erario público. ¿Aún así quieren hacernos pensar que Gilda Lozoya es una blanca palomita que solamente iba pasando y fue detenida sin justificación alguna?
Restando… Venezuela: estas ruinas que ves
El terremoto ya pasó. La emergencia inmediata dejó imágenes de escombros, pero el verdadero derrumbe no fue geológico. Venezuela llevaba años en estado de colapso lento: económico, institucional y social; el sismo solo volvió visible lo que ya era una estructura debilitada.
Las ruinas que hoy ocupan los encabezados desaparecerán con el tiempo. Llegarán las retroexcavadoras, el concreto y los ingenieros. Mucho más difícil será reconstruir aquello que lleva años derrumbándose y que ningún terremoto provocó: la confianza en las instituciones, la economía y la posibilidad misma de un futuro compartido.
Y ahora comienza la parte más difícil, la que no se mide en rescates heroicos ni en balances de daños: la reconstrucción. Pero, sobre todo, quién puede levantar al país de sus propias ruinas.
Porque reconstruir un país no es un discurso. Es un acto de poder. Requiere Estado operativo, recursos, legitimidad y dirección política. Y Venezuela hoy no ofrece una respuesta clara en ninguno de esos niveles.
En ese vacío, Delcy Rodríguez se convierte en el eje de continuidad del aparato estatal. Su función no es abrir una transición, sino sostener un sistema. Administrar el día a día de un Estado que sobrevive más por inercia que por capacidad. Gobernar, en ese contexto, no significa transformar: significa contener. Pero contener nunca ha sido lo mismo que reconstruir: un gobierno puede administrar una emergencia durante semanas; reconstruir un país exige ofrecer un horizonte de años. Ahí comienza la verdadera prueba del poder.
Del otro lado, María Corina Machado representa algo distinto, pero no necesariamente más sólido en términos de poder efectivo. Su fuerza no está en la administración del país, sino en la denuncia de su agotamiento. No gobierna nada, pero intenta definir la narrativa de lo que debería venir después. En una democracia consolidada, esa expectativa se resolvería en las urnas; en la Venezuela de hoy permanece suspendida en la incertidumbre.
En el fondo, ambas representan dos legitimidades distintas. Delcy Rodríguez dispone del aparato del Estado, pero carga con el desgaste acumulado del régimen. María Corina Machado concentra buena parte de la expectativa de cambio, pero sigue enfrentando el desafío de convertir esa expectativa en capacidad efectiva de gobierno.
Pero ese contraste, por sí solo, no explica la profundidad del problema.
La realidad es más dura. Lo que ocurre en Venezuela no es simplemente una disputa entre oficialismo y oposición. Es algo más deprimente para sus habitantes: la coexistencia de un Estado que funciona de manera parcial y una oposición que no logra convertirse en alternativa institucional viable.
Entre ambos, el sistema se vuelve una especie de suspensión prolongada. Ni transición, ni estabilidad, ni ruptura. Un punto intermedio donde el poder existe, pero no resuelve.
La reconstrucción, en ese contexto, deja de ser una etapa posterior a la crisis para convertirse en el corazón mismo de la disputa política. ¿Quién reconstruye? ¿Desde qué legitimidad? ¿Con qué recursos? ¿Bajo qué reglas?
En condiciones normales, estas preguntas se responden dentro de marcos institucionales estables. Venezuela dejó de estar en condiciones normales desde hace años. Por eso la reconstrucción no ocurrirá después del desorden; tendrá que ocurrir en medio de él.
El gobierno no solo enfrenta el desafío de recuperar capacidades materiales. Enfrenta también la necesidad de justificar su permanencia como sujeto de reconstrucción. No basta con administrar la emergencia: tiene que demostrar que puede ir más allá de ella.
La oposición, por su parte, no solo necesita denunciar el deterioro del país. Necesita demostrar que puede convertirse en algo distinto a una fuerza de presión permanente que puede traducir legitimidad social en estructura de gobierno.
Hasta ahora ninguna de las partes ha logrado resolver la ecuación. Y en ese intermedio se instala algo difícil de aceptar: la normalización del deterioro. Los edificios caerán una sola vez; un país puede derrumbarse durante décadas. Por eso la verdadera reconstrucción de Venezuela no comenzará cuando desaparezcan los escombros, sino cuando vuelva a existir un Estado capaz de ofrecer a sus ciudadanos algo que hoy parece inalcanzable: certidumbre.
DIvidiendo… ¿Sociedad conyugal o separación de bienes?
Uno de los primeros temas que surgen cuando una pareja habla de matrimonio es el régimen patrimonial que se va a elegir, entre sociedad conyugal y la separación de bienes. La elección de uno u otro tendrá consecuencias directas sobre la propiedad, administración y disposición de los inmuebles que los cónyuges posean al casarse o adquieran durante su vida en común.
La sociedad conyugal es un régimen en el que los bienes adquiridos durante el matrimonio se integran a un patrimonio común. En este caso, los inmuebles adquiridos durante el matrimonio son bienes comunes , es decir, pertenecen a ambos cónyuges, salvo pacto contrario. Los bienes adquiridos antes del matrimonio, así como herencias o donaciones, pueden mantenerse como propiedad individual si se establece en las capitulaciones matrimoniales. Por lo general, ambos cónyuges tienen derecho a participar en la administración de los bienes, aunque pueden pactar que uno de ellos lo haga. Para vender, hipotecar o gravar un inmueble común, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges.
En la separación de bienes, cada cónyuge conserva la propiedad y administración exclusivas de los bienes que adquiere. Los inmuebles adquiridos por un cónyuge son de su propiedad exclusiva; cada uno responde por sus propias deudas y obligaciones; no se requiere autorización del otro para vender, hipotecar o disponer de un inmueble propio; resulta útil en matrimonios en los que uno de los cónyuges ejerce actividades con riesgo financiero, ya que evita que el patrimonio del otro se vea comprometido.
Para efectos fiscales y registrales, el régimen matrimonial debe constar en el acta de matrimonio inscrita ante el Registro Civil y puede tener relevancia al momento de formalizar actos relacionados con inmuebles ante Notario e inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad.
"La elección del régimen matrimonial influye directamente en la forma en que se adquieren y administran los inmuebles. Por ello, al solicitar un crédito hipotecario o realizar la compraventa de un inmueble, deberás entregar tu acta de matrimonio", señaló Diana Sandoval, Directora General de Kallify, la única plataforma digital que permite solicitar la dictaminación jurídica de un inmueble con el Notario de tu preferencia. "Tomando en cuenta las importantes implicaciones del régimen matrimonial sobre los inmuebles, es recomendable leer las capitulaciones matrimoniales antes de casarse y considerar, de acuerdo con su situación particular, si desean modificarlas. En caso de divorcio, el régimen elegido determinará cómo se repartirán los inmuebles", continuó Sandoval.
"Si vas a comprar un inmueble es imprescindible realizar una dictaminación jurídica que revise –además de la identidad del vendedor, la situación jurídica del inmueble, su estado registral e hipotecario y la revisión de adeudos pendientes–si hay otros copropietarios o cónyuges que deban autorizar la operación", concluyó Diana Sandoval.