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En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, analiza las implicaciones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos y el impacto directo que tendrá en la seguridad, soberanía y política interna de México.
El gobierno de EU presentó su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026. Designa a cárteles mexicanos como terroristas, abriendo la puerta a operaciones de agencias estadounidenses en territorio nacional, sin aportar financiamiento ni comprometerse a reducir su propio consumo.
El análisis de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026
El documento estadounidense, que consta de casi 200 páginas y menciona a México en más de 30 ocasiones, se estructura alrededor del combate al fentanilo.
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Sin embargo, para el especialista David Saucedo, el plan parece más un decreto de guerra que un documento administrativo, ya que se omite la responsabilidad compartida y no se establecen compromisos presupuestales para financiar este despliegue en territorio mexicano.
Militarización y operación de agencias estadounidenses
El eje principal del documento es el combate al narcotráfico mediante la designación de los cárteles mexicanos y colombianos como organizaciones terroristas. Esto permite a Washington dar luz verde para el uso de instituciones armadas, como el Ejército, la Marina, y agencias de inteligencia como la CIA.
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El especialista confirmó operaciones encubiertas en estados como Chihuahua, enfocadas en la destrucción de narcolaboratorios, macrodecomisos y la captura de objetivos de alto perfil, como la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, donde hubo participación de agencias estadounidenses.
A pesar de que China es el principal productor de precursores químicos y fentanilo, el gobierno de Estados Unidos no ha solicitado órdenes de captura para funcionarios chinos, eligiendo a México como el rival más débil para cargar con la responsabilidad.
La postura del gobierno mexicano
Ante la amenaza de que Estados Unidos envíe comandos militares (como los Seals, Rangers o la Fuerza Delta), el Gobierno Federal ha comenzado a cumplir con las directrices de Washington.
En el plano operativo, México ha empezado a quitar el fuero a figuras políticas señaladas, como el caso del gobernador y el alcalde de Culiacán, además de contemplar el caso de 10 personas señaladas por cortes de Estados Unidos.
El discurso oficialista y nacionalista de defensa de la soberanía funciona para apaciguar a las bases políticas, pero en la práctica, el gobierno mexicano está cediendo a las presiones internacionales para evitar una intervención militar directa.
Las carencias y riesgos del documento
El documento estadounidense carece de métricas claras para el decomiso de armas de fuego que cruzan la frontera hacia México y no incluye recursos financieros de apoyo, a diferencia de lo ocurrido en el Plan Colombia.
Se proyecta que en las próximas horas y días se realicen las primeras detenciones de la lista de 10 políticos de Sinaloa, con fines de extradición. Asimismo, se prevé que las cortes estadounidenses presenten acusaciones contra exgobernadores y funcionarios de alto nivel de entidades como Tamaulipas, Baja California y Jalisco, además de figuras clave como Mario Delgado y Adán Augusto.